Según estimaciones internacionales, entre 3300 y 3600 millones de personas viven en regiones altamente vulnerables al cambio climático. Y sus efectos se traducen en números concretos.
El “Informe Anual sobre Cambio Climático para América Latina 2026”, de la fundación Sostenibilidad Sin Fronteras (SSF), menciona que la sequía que afectó a nuestro país en 2023 generó pérdidas de más de 20.000 millones de dólares. Al año siguiente, la ciudad de Buenos Aires registró marcas de al menos 5 °C por encima del promedio histórico por varios días consecutivos, acentuando la isla de calor urbana.
En la región, el calentamiento global aceleró el ciclo reproductivo del mosquito Aedes aegypti, acortando el período de incubación del dengue. Debido a esto, en 2023 y 2024 hubo récords históricos de incidencia de esta enfermedad, además de casi 5000 por ciento de aumento en cuatro años en Rio Grande do Sul y su propagación hacia zonas donde el mosquito antes no sobrevivía.
El calentamiento global también creó las condiciones perfectas para que el fuego se propague sin control. Según la Fundación Vida Silvestre, de 2020 a 2024 los incendios fueron responsables directos del 34 por ciento de la superficie de bosque nativo afectada en nuestro país, con un impacto devastador sobre 287.000 hectáreas.
Asimismo, alteró el ciclo del agua, produciendo lluvias más destructivas y difíciles de predecir, como las que provocaron las inundaciones de Bahía Blanca en 2025 con el resultado de 18 personas muertas, más de 1400 evacuados y multimillonarios daños materiales.
Pueden parecer eventos aislados, pero no lo son. Hay efectos menos evidentes, pero concretos en todo el país, ya sea en las costas con infiltraciones de agua salada en las napas de agua dulce por la subida del mar o en los Andes con el derretimiento temprano de los glaciares, de los cuales dependen los ríos y el agua de la población.
“La vulnerabilidad frente al cambio climático aumenta la brecha de desigualdades. Un caso concreto: no es lo mismo que tu casa de fin de semana en la costa se te inunde y se te rompa o arruine, que tu casa sean cuatro chapas, llueva fuerte y te quedes sin nada. Cuanto más vulnerable es la condición social, más se pierde”, explica a Convivimos Nasha Cuello Cuvelier, cofundadora de SSF.
COMPROMISOS SIN CUMPLIR
Entre las principales líneas de trabajo de SSF, se destaca en la Argentina la consolidación del Observatorio Nacional de Acción Climática, una herramienta que sigue el cumplimiento de los compromisos que asumen los países en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).
“Lamentablemente, descubrimos que muchos de ellos no se cumplen. 102 de los 115 compromisos están fuera de trayectoria, de los cuales 19 se vencieron sin cumplirse, 27 no se pueden cumplir dentro del plazo porque es imposible, 34 no tienen ni un solo registro de avance y uno se eliminó”, precisa Cuvelier.
En Latinoamérica, México y Brasil se destacan por haber logrado grandes reducciones en sus metas de emisiones para el período de 2030 a 2035. Le siguen Perú, Panamá, Honduras, Colombia y Chile, que muestra avances más acotados, pero consistentes. La Argentina, por otro lado, está fuera del cuadro porque no presentó oficialmente nuevas NDC.
“Esto es un reflejo del enfoque del Gobierno, y tiene que ver con descuidar la agenda ambiental y climática, pero poner el foco en otras actividades mayoritariamente extractivistas, con un gran impacto en los territorios y los ecosistemas”, enfatiza Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
En los últimos años, se fueron consolidando en nuestro país una serie de normas e instrumentos que contribuyen a la agenda climática, pero el verdadero obstáculo, señalan los especialistas, es la implementación.
“Negar el cambio climático no borra sus consecuencias y conlleva a la falta de presupuesto y de autoridades. Estamos sin subsecretario de Ambiente nacional. Hay procesos que necesitan autorización y demandas que necesitan atenderse, y si no tenés una autoridad ambiental, no lo podés hacer”, indica Cuvelier.
“Eso implica que hay una menor cantidad de equipo técnico que puede elaborar, diseñar e implementar políticas públicas, y también, y esto es central, las medidas necesitan financiamiento”, aporta, por su parte, Mercure y asegura que “no es de extrañar que hoy la política climática argentina esté totalmente parada”.
AVANCES LOCALES
Viendo el vaso medio lleno, hay provincias que eligen asumir un compromiso con los planes de acción climática y emprender sus propios proyectos para disminuir la huella de carbono de su distrito. Algunos casos son La Pampa, Jujuy y Misiones, que ya tienen su plan de mitigación y adaptación convalidado, mientras que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Entre Ríos están avanzando en ese sentido.
“Hay municipios que vienen trabajando con capacitaciones, medición de huella de carbono, reemplazo a luminarias led y programas de eficiencia energética, con medidas de adaptación y sistema de alerta temprana”, relata Cuvelier.
Uno de estos proyectos se llevó adelante en la ciudad de Armstrong, Santa Fe. De la iniciativa participaron la cooperativa eléctrica, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Municipio y los vecinos, y constó en instalar más de 800 paneles solares para abastecer al pueblo de energía limpia.
“Terminó generando más empleo local y nuevos nichos. Ahí hay algo interesante: repensar la manera en la que se toman las decisiones. Cómo reacciona la gente cuando la involucrás desde el principio en lugar de solamente comunicar una política pública”, destaca Cuvelier.
Experiencias como la de Armstrong muestran que, frente a los impactos del cambio climático cada vez más evidentes, de la mano del esfuerzo colectivo todavía hay margen para actuar.
EL INVENTARIO DE GEI
Según el Inventario Nacional de GEI y Monitoreo de Medidas de Mitigación, el 50 por ciento de las emisiones de la Argentina provienen del sector de energía (combustión y fugas de combustibles) y el 25,5 por ciento de la agricultura y ganadería (fermentación y gestión del estiércol, aplicación de fertilizantes, descomposición de residuos de cosecha, entre otros). Les siguen los usos y cambios de la tierra y la silvicultura (12,8 por ciento), los procesos industriales y uso de productos (5,9 por ciento) y los residuos (5,8 por ciento).
