El cambio climático no es una amenaza futura para la seguridad alimentaria: ya está modificando el potencial productivo de las tierras de cultivo en amplias zonas del mundo. Para cuantificar este impacto y anticipar su evolución, investigadores del Instituto de Análisis Económico (IAE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han lanzado CADI (Climate-Driven Agricultural Decline Index), una plataforma interactiva que proyecta la evolución de la capacidad máxima de producción agrícola hasta el año 2100 con una resolución de aproximadamente 10 por 10 kilómetros.
La herramienta, coordinada por los investigadores Laura Mayoral y Hannes Mueller (IAE-CSIC y Barcelona School of Economics), compara la productividad biofísica máxima de cada territorio bajo diferentes escenarios climáticos, manteniendo fija la distribución de cultivos observada en 2020 y sin considerar medidas de adaptación como nuevos cultivos, cambios en prácticas agrícolas o avances tecnológicos.
Según los datos de CADI, alrededor del 16 % de las tierras de cultivo del mundo ha perdido más del 10 % de su potencial productivo entre los periodos 1981-2000 y 2001-2020. Más de 640 millones de personas viven ya en zonas agrícolas donde la capacidad máxima de alimentar personas (medida en equivalentes calóricos) ha caído más de un 10 %.
Las regiones tropicales concentran las mayores pérdidas. Un dato revelador: solo el 5 % de las tierras agrícolas en zonas tropicales acumula el 35 % del descenso global estimado hasta ahora. Esta concentración se acentuará: hacia mediados de siglo, una cuarta parte de los países podría asumir entre el 85 % y el 90 % de las pérdidas mundiales.
En contraste, algunas zonas de latitudes altas podrían ver incrementos en su capacidad productiva, aunque los autores matizan que estas ganancias parten de niveles de producción muy bajos y resultan modestas en términos absolutos de calorías.
En Europa, el patrón es claro: el norte del continente y las áreas de mayor altitud (Escandinavia, Finlandia, Escocia o los Alpes) salen beneficiadas, mientras que el sur pierde potencial. España reproduce a pequeña escala esta dinámica global, según explica Hannes Mueller: “La cornisa cantábrica, Galicia y los Pirineos ganan productividad, mientras que buena parte del interior y del centro-este peninsular la pierde, incluyendo zonas con pérdidas severas”.
En la actualidad, cerca del 15 % de la población mundial reside en áreas que ya han perdido al menos un 5 % de su potencial productivo. Bajo un escenario de calentamiento medio-alto (con un aumento aproximado de 2,1 ºC), casi el 49 % de la población mundial podría vivir entre 2041 y 2060 en regiones donde esta capacidad continúe disminuyendo.
La herramienta pone de manifiesto una doble desigualdad. Por un lado, los países que menos han contribuido históricamente a las emisiones de CO₂ figuran entre los más vulnerables, y esta brecha se ampliará. Por otro, incluso dentro de los países que ganan productividad en algunas zonas, las ganancias obligan a desplazar la agricultura, reasignar tierra, agua e inversión, lo que puede generar “tensiones distributivas” y conflictos internos.
“Cuando los rendimientos bajan, los impactos se propagan: la inseguridad alimentaria aumenta, los ingresos rurales disminuyen y las comunidades se enfrentan a decisiones difíciles sobre migración y cambio de medios de vida”, destacan los investigadores en la web del proyecto.
CADI no solo diagnostica el problema: busca ser un instrumento práctico para la toma de decisiones. Permite identificar con antelación las zonas que requerirán mayores esfuerzos de adaptación, facilitar la planificación de políticas agrarias y dirigir mejor los recursos hacia los territorios más expuestos.
La adaptación exigirá nuevas tecnologías, cambios en cultivos y, en algunos casos, el traslado de la producción. Sin embargo, la capacidad para llevar a cabo estas transformaciones es muy desigual, dejando a pequeños agricultores y territorios con menos recursos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Los promotores del proyecto, que cuenta con colaboraciones como el Centre for Economic Policy Research y el Foreign Office del Reino Unido, subrayan su utilidad para reforzar las políticas de justicia climática y mitigar riesgos de inestabilidad asociados a la crisis alimentaria.
La plataforma CADI está disponible públicamente en cadi.econai.org, ofreciendo mapas interactivos y datos para investigadores, policymakers y organizaciones.
