Una tarde de mediados de 2016, unas quince mujeres suizas mayores de 65 años se reunieron en la casa de una de ellas. No era una casa común, sino comunitaria; y tampoco eran mujeres comunes, sino activistas de larga trayectoria en distintas ramas, con puntos de contacto como el feminismo e ideas más bien de izquierda o progresistas. El motivo de la reunión era discutir acerca de la posibilidad de embarcarse, juntas, en un nuevo objetivo: reclamarle a su gobierno que no estaba haciendo lo suficiente para combatir las consecuencias del cambio climático. Tenían en sus manos un paper que las señalaba como uno de los grupos más vulnerables ante esta problemática. Contaban, también, con el apoyo e incentivo de organizaciones de peso, como Greenpeace, que las acompañarían a lo largo del proceso.
“Todas teníamos experiencia como activistas, pero nunca habíamos litigado de esta manera. Nuestra forma de expresarnos eran las manifestaciones, las solicitadas, los encuentros de distinto tipo donde sentábamos posición. La vía judicial era una novedad para nosotras. Teníamos mucho entusiasmo, y también muchas preguntas, ya que no sabíamos cómo se sucederían las cosas”, cuenta a Convivimos Elisabeth Joris, historiadora que publicó numerosos artículos sobre mujeres, feminismo y género, y anfitriona en la casa donde se llevó a cabo aquella primera reunión.
La nutrida red de contactos de las mujeres allí reunidas llevó el número de miembros del grupo a más de dos mil. Se convirtieron en Verein Klimaseniorinnen Schweiz, la Asociación de Mujeres Mayores por la Protección del Clima en Suiza. En abril de 2024, luego de batallar por tribunales suizos sin éxito, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, Francia, falló a favor de la demanda presentada por el colectivo de mujeres. La sentencia reconoció la protección frente al cambio climático como un derecho humano. El fallo devolvió el caso a la justicia suiza, que deberá velar por que el gobierno de su país tome las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es la primera vez que este tribunal condena a un Estado por su accionar ante esta problemática. La sentencia, además, es aplicable a todos los países de la Unión Europea.
EL INICIO
La demanda inicial, presentada a fines de noviembre de 2016, fue dirigida a las áreas del gobierno suizo encargadas de tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Allí, el grupo esgrimía que las mujeres mayores son el grupo más vulnerable al incremento paulatino de la temperatura global. “En particular, en las personas mayores, el sistema cardiovascular y el equilibrio hídrico se sobrecargan rápidamente. La presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria aumentan. La deshidratación, la hipertermia, la fatiga, la pérdida de conciencia, los calambres por calor y la insolación son consecuencias de esta alteración de la regulación del calor. Las personas mayores son las más afectadas por las olas de calor. La mayoría de las muertes relacionadas con el calor se producen por enfermedades de los vasos cerebrales, cardiovasculares y de las vías respiratorias”, sostiene el texto de la demanda, que también adjuntó certificados médicos y otros estudios que sostienen que la incidencia del calor es más fuerte en mujeres que en hombres.
No tardó mucho el gobierno suizo en desestimar formalmente el reclamo, aunque eso estuvo lejos de detener lo que ya se había puesto en marcha. “Nuestra inspiración era muy potente. Desde el principio, quisimos ir paso a paso, pero sabiendo que, si fuera necesario, llegaríamos hasta Estrasburgo. Siempre estuvimos seguras de que daríamos el paso siguiente, hacia delante, hasta el último escalón posible. Hay quienes nos dijeron que era un reclamo egoísta, que solo velaba por la protección de un grupo en particular, pero nosotras pensamos más allá: en proteger a nuestros hijos y nietos, al mundo. Somos abuelas y activistas, tenemos derechos individuales y también una gran responsabilidad social”, agrega Joris.
“Hay quienes nos dijeron que era un reclamo egoísta, pero nosotras pensamos más allá”.
Elisabeth Joris
Antes de llegar a los tribunales europeos, las demandantes agotaron las instancias legales en su país. Sucesivamente, recibieron reveses de tribunales de distintas instancias, que desestimaban la demanda de acuerdo con la postura del gobierno de que no había allí un reclamo por atender. A grandes rasgos, los rechazos recibidos por las Klimaseniorinnen se fundaban en la consideración de que no existía un reclamo legítimo, que las demandantes no tenían vínculo directo con aquello que reclamaban y que, dado que el gobierno había asumido metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras medidas, con 2030 como fecha objetivo, era prematuro aún evaluar los resultados.
Las acciones del grupo de mujeres mayores suizas se enmarcan en un crecimiento de los litigios climáticos contra empresas y gobiernos a nivel mundial. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elaboró en 2023 un informe que destacaba que este tipo de litigios habían crecido en cantidad a más del doble de los que había cinco años antes: “Se han convertido en una herramienta clave para lograr justicia climática”, aseguraron los autores. En un escenario en el que el impacto concreto de algunas medidas es difícil de percibir por la sociedad en general, y en el que además hay una agenda negacionista del cambio climático que intenta ganar espacio en los medios y logró colarse ya en espacios de toma de decisiones, incluyendo gobiernos de potencias mundiales, este tipo de demandas podría crecer todavía más y constituirse como un escudo que los sectores sociales levanten para proteger derechos históricamente vulnerados.
Llegados a este punto, vale la pena recordar que existe consenso científico global desde hace décadas (y se sostiene por las investigaciones que constantemente se realizan en la materia) sobre la existencia del cambio climático y de la actividad humana como causante de él, sobre todo por la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien existen algunas voces discordantes, no lograron por el momento evidencia en contrario lo suficientemente sólida como para alterar dicho consenso, que se construyó sobre la base de un proceso meticuloso de investigación, revisión por pares y evaluación crítica de la comunidad científica global. Todo ese camino llevó a un conocimiento firme y compartido. En la actualidad, de hecho, el consenso sobre el cambio climático antropogénico comprende al 97,3 por ciento de la comunidad científica general, y llega casi al 100 por ciento entre los científicos especializados en clima y meteorología.
DE CAL Y DE ARENA
Luego del fallo del TEDH, hubo festejos entre ambientalistas por las posibilidades que se abrían, no solo ante este caso en particular, sino ante futuros litigios, al menos en Europa. Por ello, generaba gran expectativa la respuesta del gobierno suizo, que inicialmente se protegió a sí mismo y se mantuvo en su postura. El Parlamento de aquel país, en cuanto tuvo que manifestarse, ignoró parcialmente la sentencia. El mes pasado, el comité de ministros del Consejo de Europa decidió que Suiza no estaba haciendo lo suficiente para respetar la decisión del Tribunal y rechazó la petición del gobierno de cerrar el caso.
A pesar de su reticencia, durante el año pasado el gobierno tomó medidas que no había tenido en cuenta hasta el momento, como estimar, por primera vez, el presupuesto de carbono que necesita para ajustarse a las metas planteadas de cara a 2030 y 2050.
Un presupuesto de carbono es una herramienta utilizada por los investigadores del clima y los responsables de las políticas para ayudar a determinar el marco y la dirección de la política climática. El término se refiere a la cantidad total de dióxido de carbono que las actividades humanas pueden seguir emitiendo, siempre que se limite el calentamiento global a un nivel determinado (por ejemplo, 1,5 o 2 °C por encima de los niveles preindustriales). El total se divide luego entre los países según “cuotas justas” y otros criterios.
Existe controversia sobre las cifras y mediciones que toma el gobierno para apuntar a esos objetivos, pero lo que quedó claro es que hay organizaciones civiles dispuestas a velar en todos los frentes, incluyendo el judicial, por estos derechos humanos. “La lucha continúa. Hicimos historia, y vamos a seguir haciéndola, aunque haya intereses que intenten evitarlo”, advierte Joris.
