El mercado de carbono sigue creciendo a paso acelerado en el mundo desde su inicio en 2005, y en la Argentina los especialistas ven nuevas oportunidades de negocio en áreas agropecuarias y forestales, sobre todo del interior, aunque aún faltan condiciones para que eso ocurra.
Según la Mesa Argentina de Carbono, una entidad que agrupa a más de cuarenta empresas, organizaciones y personas interesadas en impulsar el desarrollo de este mercado, si desarrolláramos proyectos en solamente el 10 por ciento de nuestra superficie agropecuaria y forestal, ingresarían entre 250 y 350 millones de dólares anuales.
Varios países asumieron compromisos de reducción de emisiones ante las Naciones Unidas en el marco del Acuerdo de París; entre ellos, la Argentina. Y se cree que el comercio internacional de créditos podría eliminar hasta 5 gigatoneladas de dióxido de carbono (GtCO2) al año para el 2030.
“Hoy Latinoamérica es la segunda región en importancia, atrás de Asia, en la generación de créditos de carbono. Pero si se toman solamente los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, del sector del agro y forestal, principalmente, en los últimos cinco años en Latinoamérica se desarrolló el 50 por ciento de los créditos que se comercializaron de este tipo. En este tipo de cuestiones, la región lidera a nivel global”, detalla a Convivimos Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.
“Por otro lado, la posición de la Argentina está bastante relegada. En el mundo hay más de 12.000 proyectos certificados que reducen o capturan emisiones de gases de efecto invernadero, y en la Argentina hay aproximadamente sesenta, menos del 0,5 por ciento global”, agrega.
En Colombia, Brasil o México hay unos 300 proyectos por país. En la Argentina, en cambio, estos mercados comenzaron a tener más protagonismo en los últimos dos años. Si bien contamos con un impuesto al carbono desde 2018, aquellos países tienen normativas que brindan claridad para el desarrollo de estos créditos e impulsan su demanda.
“Qué tipo de intervención va a haber, si habrá impuestos o no, si alguien me va a cobrar una tasa administrativa o no. Si no hay certeza respecto a estas cuestiones, tal vez [los interesados] decidan invertir en otro país que tenga mayor claridad al respecto”, señala Cano.
A diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, por ejemplo, donde hace más de veinte años se establecieron límites de emisión a distintos sectores productivos, en la Argentina el mercado de carbono no es de cumplimiento obligatorio. En Europa las empresas que emiten menos pueden vender esos derechos de emisión a otros que no van a llegar a cumplir con los límites, lo que genera una demanda interna de créditos. Lo mismo ocurre en México.
“Hoy un crédito de carbono en la Argentina solo puede acceder al mercado que se conoce como mercado voluntario, en el cual la demanda viene por parte de empresas que tienen compromisos corporativos de reducciones de emisiones, pero no hay ninguna obligación de hacerlo”, aclara Cano.
QUÉ PASA EN EL PAÍS
“En la Argentina es una novedad la cuestión del mercado de carbono, pero hay proyectos que ya llevan más de quince, veinte años de implementación, en su momento promovidos por lo que eran los Mecanismos de Desarrollo Limpio, la metodología de certificación previa al Acuerdo de París”, relata Cano y menciona el proyecto Santo Domingo en Ituzaingó, Corrientes.
Entre los miembros de la Mesa Argentina de Carbono, hay alrededor de cuarenta iniciativas en etapa de desarrollo o casi implementación, principalmente forestales en bosque nativo, de manejo regenerativo del ganado o emprendimientos que buscan una mayor eficiencia en la producción agrícola, ubicados mayormente en las provincias del norte del país y el Litoral. También hay otros de energías renovables, biogás y eficiencia energética.
Algunos ejemplos son el Proyecto Vida Nativa de Nideport para la conservación y restauración de casi 23.000 hectáreas de bosque nativo en la Mata Atlántica, el Proyecto Rewilding Gran Chaco de Greensur y Forest Defense que reforestará 18.450 hectáreas en el noreste de Las Lajitas, Salta, con especies nativas, y el Programa Carbon Group para Cultivos Bajos en Carbono y Manejo de Pastizales.
UNA RED REGIONAL
La Mesa Argentina de Carbono y la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono de Colombia dieron el impulso inicial a la Red Carbono Latam, que hoy está conformada además por organizaciones de Brasil, Chile, México, Perú y Ecuador, y busca ser un espacio de colaboración donde compartir experiencias y fortalecer los mercados de carbono de la región.
“Entre los temas en común, está la cuestión de integridad de los mercados. Es decir, cómo miden los proyectos que generan créditos de carbono, cómo se certifican, que sean creíbles, que sean trazables”, explica Cano, quien también cuenta que discuten programas a nivel subnacional o regional para cumplir los compromisos de reducción de emisiones.
La Mesa de Carbono considera que hace falta más seguridad jurídica y que se habiliten los mercados internacionales a través de la Convención Marco de Naciones Unidas o bien con acuerdos bilaterales con otros países que hoy demanden este tipo de créditos.
“En esos mercados, el crédito de carbono se paga a valores mucho más altos. Puede ser que hoy proyectos que económicamente no sean viables sí lo sean con otros precios de mercado. Ahí el incentivo sería aún mayor. De hecho, las proyecciones indican que se podría alcanzar un 30 por ciento de las tierras agropecuarias y forestales del país bajo proyecto”, comenta Cano.
Calculan que podríamos captar un 5 por ciento del mercado mundial de carbono para 2030, lo que implicaría inversiones por más de 2200 millones de dólares (frente a los menos de 10 millones actuales), la generación de más de 70.000 empleos y la conservación, el uso sustentable y la restauración de ecosistemas, corredores ecológicos y servicios hídricos.
CRÉDITOS DE CARBONO
Son certificados que garantizan que, con una determinada actividad en un lugar específico, se capturó o evitó la emisión de una tonelada de dióxido de carbono equivalente, y que este proceso fue validado por un estándar de certificación internacional.
Pueden ser utilizados por los titulares del proyecto o bien ser vendidos en mercados voluntarios o de cumplimiento obligatorio. Los compradores son principalmente empresas, pero también los adquieren gobiernos, instituciones, bancos, ONG e individuos.