La preocupación por el ambiente tiene una larga historia en las escuelas argentinas. La reciente sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral se propone introducirla de manera transversal en todos los niveles. Qué dice la ley y cómo piensan implementarla.
Fotos: Istock y Gentileza Secretaría de Ambiente San Juan
Con la sanción, en mayo de 2021, de la Ley 27.621, la educación ambiental será una política pública nacional que formará parte del proyecto educativo de escuelas y colegios, y del conjunto de las materias que se dicten. La nueva norma promueve acciones para comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente, tanto en los ámbitos de la educación formal como no formal.
También, la educación ambiental se vuelve transversal y subsidiaria a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas (ONU). Esto se dará tanto de manera directa, como ocurre en los objetivos 1, 4, 6, 7, 11, 12 y 13, como de forma indirecta en el resto de los ODS.
Por cierto, la preocupación por el ambiente y el futuro del planeta ya existía en las escuelas y los estudiantes. También había un marco legal básico donde ya aparecía el derecho a recibir educación ambiental. Por ejemplo, en la Ley Nacional de Educación, la Ley General del Ambiente y la Constitución Nacional, entre otras normas en vigencia. Por eso, existen múltiples experiencias escolares en la temática, entre las que aparecen reciclar latas y botellas, armar huertas, crear jardines verticales, construir cestos de basura o plantar árboles. La diferencia es que dejarán de ser proyectos puntuales para atravesar la educación en general.
“Hace más de diez años que se venía esperando esta ley”, explica Adriana Monzón, presidenta de la organización Educadores Ambientales en Red, profesora de nivel medio y universitario.
El siguiente paso es que el Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con el de las provincias y el de la ciudad de Buenos Aires, diseñe una estrategia nacional y jurisdiccional para aplicar la ley y elabore los materiales que se usarán en las propuestas pedagógicas.
Monzón añade que “plantea una mirada holística de la educación, rompe con la idea de todas las materias separadas, propone interpretar por qué sucede lo que está sucediendo e invita a que toda escuela tenga un PEI (proyecto educativo institucional) que dialogue con la educación ambiental”.
Además del abordaje holístico, otros principios que fundamentan la ley son el respeto y valor de la biodiversidad, la equidad, la igualdad desde el enfoque de género, el reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos indígenas, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. Al respecto, Monzón opina que “el marco conceptual es muy bueno” y “no es un maquillaje verde”.
MANOS VERDES
A comienzos de año, en la localidad cordobesa de Laboulaye, los estudiantes del Centro Educativo Juan Pascual Pringles transformaron un espacio que pertenecía a un antiguo bicicletero. Allí construyeron jardines verticales, un sector donde realizar hidroponía –cultivo de plantas usando soluciones minerales disueltas en agua en lugar de suelo de tierra– y otro para reciclar botellas plásticas y latas de aluminio. Para lograrlo, recibieron el asesoramiento de docentes y estudiantes que pertenecen a una cooperativa de trabajo escolar conformada por siete colegios primarios de la ciudad.
La directora Patricia Cometto señala a Convivimos que “este tipo de actividades potencian la capacidad de cuestionarse, formular hipótesis y controlar variables, entre otras”.
Además, explica que la “educación ambiental abordada de modo transversal permite a los estudiantes cuestionar visiones y situaciones problemáticas del entorno y a distintas escalas, y desarrollar el juicio crítico, además de transformarlos en partícipes activos y comprometidos”.
“La reacción de los estudiantes fue muy buena. Realmente están fascinados… romper con los muros del aula convencional, construir un aula en otros entornos, permite aprendizajes muy significativos”, reflexiona.
En la provincia de Buenos Aires, en Gobernador Ugarte, una población rural de 547 personas, funciona una huerta escolar agroecológica que abastece de frutas y verduras a las familias. “El principal problema ambiental que tenemos guarda relación con el modelo agroproductivo industrial, que genera contaminación en el aire, en los suelos y en el agua”, dice María Arruda, docente de la Escuela de Educación Secundaria
Nº 6 José Manuel Estrada.
Este proyecto nació en 2007, por la falta de acceso “físico y económico” a frutas y verduras. “Las mamás que estaban terminando el secundario nocturno mostraron su preocupación por que las verduras que llegaban a los almacenes eran pocas”.
“No basta con la empatía, es preciso que se sientan desafiados para mostrar lo mejor de lo que son capaces”.
Susana Carrizo
Además, advirtieron que la gente había dejado de producir sus alimentos y se perdía la transmisión cultural. “Para pensar esta problemática nos planteamos desarrollar educación ambiental desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitiera cuestionar y pensar soluciones alrededor de la problemática que se da en nuestra localidad”, cuenta Arruda.
Así fue como en 2008 comenzó a funcionar la huerta escolar y comunitaria que permitió “recuperar saberes culturales alrededor de la producción de alimentos y mejorar el acceso a frutas y verduras”, y se convirtió en un nexo entre todos los integrantes de la escuela. “La huerta es un espacio de encuentro donde todos aprendemos juntos sobre el mismo eje, que es alimentación saludable, pero en diferentes aspectos”, dice la docente.
Otra manera creativa de acercar a los estudiantes a la educación ambiental es la que implementan en San Juan, a través de la creación de clubes ambientales. Se trata de espacios de participación de docentes y alumnos que funcionan en los niveles inicial, primario y secundario de escuelas públicas y privadas y de modalidad especial. Al respecto, la directora de Educación Ambiental de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno de San Juan, Susana Carrizo, cuenta a Convivimos que surgieron “como estrategia educativa, en 2006, para incentivar la temática ambiental en distintas escuelas”, ya que hasta ese momento solo se hacían capacitaciones docentes.
Antes de la pandemia, en la provincia había 757 clubes ambientales y más de 30.000 estudiantes involucrados. Los docentes que participan elaboran un proyecto anual para trabajar en forma transversal a lo largo del año. “Les pedimos un proyecto acorde a la realidad ambiental de cada localidad, donde los chicos puedan poner en práctica conocimientos de otras asignaturas como Lengua, Matemática, Historia, Inglés o Plástica”, explica Carrizo.
“En las zonas rurales de los departamentos alejados de la capital, ponen énfasis en el cuidado de la flora y la fauna autóctona; en la zona urbana del Gran San Juan se trabaja sobre el cuidado del arbolado público, que es un elemento esencial para regular la temperatura; y en ambas se aborda el tema del tratamiento de los residuos, que es universal”, ejemplifica.
La funcionaria sanjuanina asegura que los clubes ambientales despiertan vocaciones profesionales y destaca el involucramiento de las familias en los proyectos a los que son convocados.
“La educación ambiental es entender que todos formamos parte del planeta: los animales, las plantas, los humanos, y para que haya un desarrollo sustentable y buena calidad de vida hay que hacer un buen trabajo entre las dimensiones económica, social y ambiental. Los pronósticos que tenemos son poco alentadores, el planeta está en emergencia ambiental y esta pandemia se relaciona mucho con eso, porque más allá de las teorías de cómo se originó, sabemos que si se van eliminando hábitats naturales, se producen cambios y alteraciones, y se transmiten nuevas enfermedades”, concluye Carrizo.