Una nueva ley formaliza los esfuerzos para la reducción de los gases de efecto invernadero. Cuáles son los principales focos por combatir en nuestro país.
Foto FARN
Después de años de trabajo, el 20 de noviembre de 2019 fue aprobada la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, con ningún voto en contra. La iniciativa recibió el aporte y el apoyo de diferentes partidos políticos, representantes del Gobierno nacional y organizaciones como los Jóvenes por el Clima, la Asociación de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El tema más importante de la ley es la institucionalidad. Estaba muy bien el trabajo que se estaba haciendo en esta materia, pero se necesitaba que no quede a merced de que a la administración que venga le interese o no el tema”, explica a Convivimos Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior de Política Climática en FARN.
“Era ultranecesaria. La Argentina no tenía una ley nacional al respecto, a pesar de que es una de las mayores problemáticas globales y en nuestro país tiene gravísimas consecuencias socioambientales”, coincide el abogado ambientalista Enrique Viale, de AAdeAA. “Tener una ley que institucionalice y establezca la obligación de luchar contra el cambio climático es clave”, agrega.
Esta ley plantea tres objetivos principales: definir políticas para el estudio del impacto y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas; promover estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI); y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales, aprovechando sus beneficios.
Además de institucionalizar el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que fue creado por decreto en 2016, la ley busca integrar todos los sistemas de información que hay sobre los GEI. También determina la necesidad de implementar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA) y actualizarlo cada cinco años. Y menciona la necesidad de desarrollar energías renovables, promover incentivos fiscales y buenas prácticas en el sector ganadero, hacer un manejo sustentable de ecosistemas, captura y almacenamiento de carbono, y el uso de indicadores de sostenibilidad.
Por último, la ley resalta el derecho a la participación y el acceso a la información, e incita a la transparencia en la toma de decisiones de diferentes maneras en diversas jurisdicciones.
Entre los impactos observados y esperados del cambio climático en el país, se encuentra el retroceso de los glaciares y de los caudales medios de los ríos de la Cuenca del Plata, el aumento del nivel del mar, la afectación de algunos puntos del litoral marítimo y de la costa del Río de la Plata, una potencial crisis del agua en Mendoza, San Juan y Comahue, estrés hídrico en el norte y el oeste, y mayor frecuencia de precipitaciones extremas e inundaciones en el noreste y oeste de la región húmeda, según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
“Tener una ley que institucionalice y establezca la obligación de luchar contra el cambio climático es clave”.
Enrique Viale
En la Argentina, según el Inventario de 2019, el 53 por ciento de las emisiones corresponden al sector energético; el 37 por ciento a agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra; el 6 por ciento a los procesos industriales y al uso de productos; y el 4 por ciento a los residuos. Si tenemos en cuenta los subsectores, los mayores contribuyentes son: la ganadería en un 21,6 por ciento, el transporte en un 13,8 por ciento y la generación de electricidad en un 13,1 por ciento.
Ahora tenemos nueva ley, y los planes están en funcionamiento mientras la conciencia general de la población crece, pero aún así falta recorrer un largo camino en la adaptación de la producción local a un modelo más moderno, basado en industrias sustentables y energías limpias.
“El hecho de que desde hace diez años estamos hablando de apostar a Vaca Muerta y desarrollar hidrocarburos o la exploración off shore y seguir pensando que el petróleo es fuente de riqueza va en dirección opuesta al desarrollo de políticas climáticas. Subsidiar todas esas explotaciones petroleras, también”, elabora Maurtua Konstantinidis.
Y continúa: “El modelo de producción agropecuaria que tenemos, el tema de la soja, de la ganadería, lamentablemente, atenta contra el uso sustentable de la tierra y contra nuestros bosques. Y eso genera emisiones y deforestación. Eso después lo vemos reflejado en un montón de problemas ambientales locales”.
Las alternativas en materia de transporte también son complejas en un país tan extenso y que todavía depende preponderantemente de combustibles fósiles. En los últimos años se empezó a apostar más a las energías verdes con el Plan Renovar, y su participación en la provisión de la demanda eléctrica está creciendo. Es un buen principio, pero todavía estamos lejos de aprovechar el enorme potencial argentino para la generación de energía eólica y solar.
LA LEY SIN DIENTES
Si hay algo que se le critica a esta ley es no establecer metas concretas en relación con la reducción de emisiones o la penetración de energías renovables.
“Como dicen en algunos análisis, es una ley que no tiene dientes, no fija los compromisos. Y esto hace más vago el cumplimiento”, menciona Maurtua Konstantinidis.
Ahora se debe avanzar con el Plan Nacional y desarrollar los planes provinciales con objetivos precisos de reducción de GEI. Por otro lado, al no establecer métricas estáticas, la ley permite ir mejorándolas con el tiempo, como plantea el Acuerdo de París, que aplica un principio de no regresión.
Lo que sí está claro es que cualquier política de reducción de emisiones debe ir de la mano de un desarrollo productivo sustentable. “Esta ley, el plan de desarrollo de la contribución nacional y de los planes climáticos de alguna forma tendrían que ir muy cerca de los paquetes de recuperación económica. Las decisiones económicas que se tomen ahora seguramente van a determinar cómo será ese desarrollo productivo y, consecuentemente, esas emisiones”, concluye Maurtua Konstantinidis.
COMPROMISO EN PARÍS
En 2016 la Argentina ratificó el Acuerdo de París, que propone mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C, entre otros objetivos de corto y largo plazo. Tres años después, Greta Thunberg y otros jóvenes activistas presentaron una queja formal ante las Naciones Unidas contra nuestro país y otros cuatro por no tomar acciones para detener la crisis climática. El tiempo corre y serán las nuevas generaciones quienes nos dirán si pudimos cumplir con los compromisos asumidos.